Para fines del 2004, el gobierno de Felipe Solá convocó, según decreto 3087, "A las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Publica Provincial y sus empleados...".Uno de los objetivos del gobierno era que durante el 2005, los trabajadores estatales quedemos atados en la mesa de negociación a discutir las paritarias y nada de aumentos de salarios. El C.D.P, por entonces presentaba la convocatoria del gobierno como la realización de un viejo anhelo y solo señalaba críticas a que la convocatoria fue por decreto y no por ley, y también cuetionaba el criterio acerca de la representación que ocupaba cada gremio.Desde ATE sur definimos a la convocatoria del gobierno como una trampa. Porque en el decreto el gobierno se aseguraba la posibilidad de pactar un acuerdo con los gremios más cercanos a su política y también pretendía congelar cualquier iniciativa de un plan de lucha de los trabajadores para recuperar el salario.Pero además, decíamos que no era el mejor momento, porque la experiencia indicaba que todos los acuerdos sobre condiciones de trabajo firmados entre el gobierno y los dirigentes sindicales terminaron a la baja en las condiciones laborales, o pactando aumentos de salarios a cambio de entregar conquistas laborales que marca el convenio colectivo de trabajo. Nuestra política fue: nada por debajo de la actual ley 10430.En el congreso de A.T.E realizado en Chapadmal (y sus resoluciones fueron en el mismo sentido), Godoy (Secretario Adjunto) en una actitud antidemocrática no permitió que se pusiera a votación la moción de ATE sur: llevar adelante un plan de lucha.El conflicto por aumento de salarios fue uno de los componentes de la situación del año 2005. Los acuerdos entre el gobierno y la burocracia sindical para evitar este conflicto pronto llegaron a su fin. El 28 de abril "la jornada de protesta" se transformó en un gran paro, y fue el puntapié inicial de un largo plan de lucha. Los estatales de la provincia fuimos parte de la oleada de conflictos que iniciaron diferentes sectores de los trabajadores por aumentos de salarios.Luego del acuerdo firmados por el C.D.P. y el gobierno que fijaron un aumento miserable para los estatales, ATE-Provincia desempolvó en el más absoluto secreto un proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo. El mismo era desconocido por el conjunto de los trabajadores. Ante esta situación, en un plenario de delegados con la presencia de Godoy, se resolvió exigir que el C.D.P. retire el proyecto de convenio. Pero además iniciamos una campaña de esclarecimiento que comenzó con la realización de talleres para poner en alerta a los delegados sobre los peligros que significaba el proyecto presentado por el gremio, y continuó con la realización de un petitorio para hacer conocer a la base del gremio qué es lo que estaban cocinando.Concurrimos a las reuniones que se realizaban en La Plata de las áreas estratégicas de Salud y Educación. Allí formulamos, entre otras, las siguientes críticas. Primero que ataban los futuros aumentos de salarios a la productividad. Todos sabemos que siempre el gremio solicitó aumentos de salarios nominales, sumas fijas para compensar la depreciación que sufren nuestros ingresos por inflación. Además, los aumentos de salarios quedaban atados a la existencia o no de partidas presupuestarias; y también autolimitaba el derecho de Huelga y proponía una recategorización que abría el espacio a la práctica de arbitrariedades.Luego de idas y vueltas el proyecto se fue modificando. Nuestra prédica se hacía sentir. Sin embargo la elaboración de la propuesta final en muchos aspectos mantenía el espíritu de la primera propuesta.Finalmente el C.D.P., creyó que con su estrategia de elaborar una propuesta acorde a las necesidades del gobierno, este los iba a reconocer como interlocutores exclusivos. Pero la estrategia del C.D.P. mostró sus limitaciones y lo errado de su plan. El gobierno terminó sacando unilateralmente a comienzo del año 2006 un decreto que lesionaba el derecho constitucional de huelga.
